Los reclamos en el ámbito gremial no se toman descansos y este primer tramo del año ya se ve marcado por una serie de conflictos abiertos, lo inminente de un pelotón de paritarias de peso que volverán a reabrirse, y la intervención de las organizaciones en temas políticos como la potencial estatización de Edesur. En el primer aspecto se destaca la medida de fuerza implementada por el SUTPA, el sindicato de los trabajadores de peajes con Facundo Moyano como referente, que desacató una conciliación obligatoria y levantó las barreras hacia la Costa y la ciudad de La Plata.
El gremio exige una nueva negociación con las concesionarias para activar una batería de incrementos salariales. Pero la exigencia de nuevos aumentos no es la única causa detrás de la medida de fuerza que comenzó durante las primeras horas de 2023.
El conflicto también está atravesado por un desencuentro entre el menor de los Moyano y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que gira en torno a Ricardo Lissalde, titular de la concesionaria AUBASA – Autopistas de Buenos Aires.
Pese a ser cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, quien supo tener un vínculo estrecho con Facundo Moyano hasta su renuncia como diputado del Frente de Todos (FdT), el desempeño de Lissalde es resistido por la cúpula del SUTPA.
Otro argumento del conflicto
«Desde que Lissalde ha asumido al frente de la presidencia de AUBASA hemos ingresado en un espiral de conflictos que parecen no tener fin. Cabe señalar que con ninguna de las empresas concesionarias de la actividad hemos presentado este grado de imposibilidad de acuerdo, lo cual resulta altamente llamativo, máxime cuando esta empresa pertenece al Gobierno provincial, que se dice peronista, con todo lo que representa», afirmó la organización a través de un comunicado reciente.
«Ni siquiera en el gobierno de (María Eugenia) Vidal llegamos a este nivel de conflictividad e imposibilidad de acuerdo y mucho menos con el gobernador Scioli», agregó. Los choques con Lissalde comenzaron en 2021 a raíz del despido de trabajadores y la ampliación de los sistemas de telepeaje.
Otro frente de batalla abierto en este comienzo de año corresponde a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) y su decisión de desplegar su alcance a todas las terminales nacionales.
Desde el lunes, FEPA mantiene activado un plan de lucha que inició con el bloqueo al puerto de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y la medida podría multiplicarse en otros puntos si no se habilita la representación gremial de los trabajadores de ese nicho a nivel país.
«Exigimos la aplicación de manera urgente de la medida adoptada por la Dirección de Asociaciones Sindicales, que dio por tierra la intención de la empresa a cargo del Puerto de aplicar convenios de menor resguardo de las garantías laborales de los trabajadores», expuso la organización mediante un comunicado. De la medida también toman parte los agremiados de Paraná, Ibicuy y Corrientes.
Las paritarias que se reabren en enero
Este primer tramo del año también estará atravesado por negociaciones salariales de peso como las que entablará la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS) que lidera Armando Cavalieri.
El gremio apunta a conseguir una suba de entre un 100 y un 110 por ciento y las conversaciones con las cámaras del sector iniciarán a mediados de enero. Empleados de Comercio viene a obtener una cuota de incremento del 11 en por ciento que comenzó a aplicarse en noviembre.
Por otra parte, los estatales agrupados en ATE y UPCN también inaugurarán conversaciones con el foco puesto en alzarse con una suba salarial de al menos un 60 por ciento. Ambos sindicatos vienen de obtener cuotas de aumentos del 10 por ciento en noviembre y un bono de 30.000 pesos en diciembre.
Por último, la Asociación Bancaria controlada por Sergio Palazzo pondrá en marcha un acercamiento con vistas a abrochar una serie de subas a partir de marzo. Los bancarios concluyeron 2022 con una suba acumulada superior al 94 por ciento y un bono de 185.000 por el Día del Bancario (6 de noviembre).