El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) oficializó los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor con una suba del 60% en promedio que se aplicará en dos tramos, primero en abril y luego en junio. El organismo regulador aclaró que el ajuste implicará para el 70% de los usuarios residenciales, unos 3,8 millones comprendidos en las categorías R1 y R2, un aumento en la factura media que no superará los 348 pesos en el primer tramo y 421 pesos en el segundo tramo. Dentro de ese universo, se incluye a los 700 mil beneficiarios de la tarifa social. Las distribuidoras deberán presentar su plan de inversiones para 2023.
En las presentaciones realizadas para la audiencia pública que se llevó adelante el 23 de enero, las distribuidoras eléctricas habían reclamado una recomposición tarifaria de 262%. Una vez en la audiencia, los representantes de las empresas argumentaron que desde febrero de 2019 habían percibido solo dos incrementos: uno de 21% en mayo de 2021 y otro de 8% en marzo de 2022. Un incremento total de 31% donde frente a una suba de 516% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Jorge Lemos de la distribuidora Edesur, indicó que “los ingresos de la compañía representan alrededor del 17% de las facturas y no alcanzan a cubrir los costos operativos”.
”Las tarifas deben tener un grado de razonabilidad respecto a la situación de los usuarios que no podemos dejar de atender, incluso dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El criterio de razonabilidad también está incorporado en el acuerdo con el FMI”, aseguró entonces el interventor del ENRE, Walter Martello, anticipando un rechazo al pedido empresario.
Con el aumento ya oficializado a través de las resoluciones 240/2023 y 241/2023 Martello remarcó ayer miércoles a través de un comunicado que, “para definir esta actualización de tarifas se tuvo como criterio central la protección de la economía familiar de los usuarios de recursos medios y bajos”. Por último, subrayó que “no se otorgaron los incrementos solicitados por las empresas que oscilaban un 300%, sino una recomposición de tarifas justa y razonable, menor a la inflación minorista proyectada para este año, y que obliga a las empresas a realizar las inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad”.