En medio de las negociaciones que lleva adelante el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno decidió extender el congelamiento de la tarifa eléctrica mayorista hasta fines de abril de 2022.
Esto surge de la resolución que en las últimas horas publicó, en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía que dirige Darío Martínez.
Con esta decisión, se establece la extensión del congelamiento hasta fines de abril del año que viene, y se les garantiza a las distribuidoras eléctricas que no se les cobrará un precio mayor por ese suministro durante la temporada estival.
En la resolución, la secretaría de Energía recuerda que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, establece las bases de la delegación para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente».
La Secretaría estableció los precios de referencia hasta después del verano, por lo que compañías como Edesur, Edenor, Edelap o las que operan en el interior de la provincia de Buenos Aires no tendrán motivo para trasladarle un ajuste tarifario a sus clientes.
El costo de generación representa hasta un 40% de la factura y el valor actual de un Mwh (la unidad de medida) es de $6.333, según Cammesa. La parte que las distribuidoras le pueden pasar a sus clientes es $900. El resto lo deben absorber las propias distribuidoras o se encarga el Estado a través de subsidios.
De acuerdo a estimaciones oficiales, los subsidios cerrarán este año cerca de los USD8500 millones: un 35% más que en 2020. Por otro lado, las distribuidoras indican que por el atraso de las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno de Alberto Fernández ya se generó en esas compañías un rojo de más de $200.000 millones.