La justicia federal de Lomas de Zamora ordenó este jueves el secuestro de documentación en la casa central de Edesur y en otras tres sedes comerciales de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una de las causas que investiga posibles delitos a raíz de los cortes de suministro que tuvieron lugar en las últimas semanas.
Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, se llevan a cabo en la sede central de la calle San José 190, en Ciudad de Buenos Aires, y en tres locales comerciales de la provincia de Buenos Aires: la sede de Ezeiza, ubicada en French 525, la de Monte Grande, ubicada en Las Heras 273, y la de Lomas de Zamora, ubicada en Hipólito Yrigoyen 9071.
El secuestro de documentación fue ordenado por el juez federal Ernesto Kreplak, titular de juzgado en La Plata que subroga el federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense contra Edesur por «entorpecimiento de servicios públicos». En el caso de la sede central, ubicada en CABA, el operativo se hizo vía exhorto a un juzgado federal porteño porque se trata de otra jurisdicción.
Según informaron fuentes judiciales, en caso de que la empresa no cumpla con la entrega de documentación necesaria para el avance de la investigación, se procederá al secuestro de la misma, en operativos encomendados a la División de Investigaciones Antifraudes de la Policía Federal.
La tarea se lleva a cabo desde esta mañana y el magistrado requirió la entrega «inmediata de toda documental ya sea en soporte físico o digital que vislumbre aquellas comunicaciones que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ha efectuado a esa firma, mediante la cual se anoticia la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica» en Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Además, el juez dispuso otras medidas de prueba, como requerir al ENRE el envío «urgente» del marco normativo de la concesión a Edesur y un informe «explicando de acuerdo a las concesiones, cuáles son los roles y funciones» de empresas como Cammesa, Sacme, Edenor, Edesur y el grupo Enel, propietario de esta última.
También pidió que se detallen las «multas y planes de obra» impuestas a estas empresas, entre otros puntos como informes de auditorías, total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de febrero último, así como las copias de los expedientes.
Por otro lado, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) informes sobre «los anuncios de venta de los activos de Enel en las empresas Edesur, las centrales térmicas de Dock Sud y Costanera, y la concesión hidroeléctrica El Chocón».
De forma paralela a la causa judicial iniciada por Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en los tribunales federales de Retiro tramita otra denuncia que presentó el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, quien ya fue citado a ratificarla por el fiscal del caso, Ramiro González.