Una mesa de diálogo está trabajando para encontrar alguna solución al problema, cada vez más serio, de los alquileres. El panorama contempla tres premisas: tiempo del contrato, modo de fijar el precio y mejorar la oferta de propiedades en el mercado de alquileres. Además, hubo un pedido de agrupaciones de inquilinos para aplicar el régimen de alquiler social que está en la ley pero hasta el momento no fue reglamentado ni puesto en marcha.
Según aseguraron integrantes de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, se analiza regresar a los dos años de contrato y que se pacte entre las partes el precio de la renovación o actualización de alquileres.
Ahora la ley 27.551 establece contratos por tres años, con actualizaciones cada 12 meses, a través de un índice de actualización que para este mes será del 51,67%, consolidando el piso del 50% de aumento anual en los contratos que se renovaron con la ley, prácticamente desde que se impuso el régimen. Eso significa que contratos que rondaban los 20.000 pesos y se firmaron en el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, subieron a 30.000 pesos con la primera actualización.
La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), conjuntamente con la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), acompañados por representantes de Colegios profesionales y Cámaras del interior y otras entidades representativas de inquilinos se reunieron con el gobierno nacional para generar el aumento de la oferta de propiedades en alquiler, así también plantear que hay puntos que la Ley debería contemplar y manifestaron que la misma se debería modificar en los siguientes ítems: la duración del contrato de locación de vivienda; el plazo para la actualización de los alquileres; índices alternativos que se utilicen para la actualización.
PLAZOS Y PRECIOS
Sobre el plazo de los contratos de alquiler de vivienda, desde FIRA explicaron que el “si el plazo retornara a los 2 años puede generar menos dudas en quien dispone de la propiedad en alquiler que si la relación contractual no resultara por diferentes motivos, acortaría el plazo de finalización de la misma. Por el lado del inquilino representaría menos gastos de su parte correspondiente a sellados que se calculan sobre el total del contrato”.
También indicaron desde la federación inmobiliaria nacional que la actualización del canon locativo cada 12 meses es un periodo muy largo, en un contexto inflacionario desequilibrado” y agregan que “ha demostrado arrojar porcentajes elevados, difíciles de prever, pero además ha generado que quien dispone su propiedad en alquiler busque cubrir el plazo de 12 meses, en comparación con el resto de los precios, elevando el valor inicial de los contratos”.
En la realidad, aseguran, se traduce que los contratos firmados según el esquema legal anterior a la ley vigente, arrojaba porcentajes menores a los que impone el actual régimen.
También pidieron es que descarte la suspensión temporaria de la ley, porque se transforma en un factor de riesgo para el mercado inmobiliario que ya, consideran especialistas, está muy castigado: al propietario la renta le resulta insuficiente (está en los niveles más bajo de la historia) y para el inquilino se le hace cuesta arriba afrontar aumentos superiores al 50% en forma anual. También esa duda genera que los propietarios retiren los inmuebles de la oferta y se provoque, en consecuencia, un escenario con elevados aumentos de los alquileres.
Entre las propuestas que analiza la mesa de diálogo multisectorial es que se adopten medidas para fomentar la comercialización, venta, adquisición, construcción o remodelación de inmuebles para encontrar una solución a la problemática de insuficiente oferta locativa.